Grupos migrantes demandan restricciones de asilo
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La Unión de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la administración Trump tras la prohibición del acceso al asilo en la frontera sur. La medida, implementada mediante una orden ejecutiva, suspende el derecho a solicitar protección a quienes huyen de conflictos y persecuciones. La ACLU argumenta que esta decisión es ilegal y pone en grave riesgo a familias y adultos que buscan refugio en Estados Unidos.
El gobierno defendió la orden alegando que la situación en la frontera constituye una “invasión” y que la suspensión continuará hasta nuevo aviso. Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos, como el Proyecto Florence y RAÍCES, advierten que estas acciones violan leyes de inmigración que garantizan el derecho al asilo. Además, critican que los solicitantes están siendo devueltos a países donde enfrentan tortura o persecución sin la debida revisión de sus casos.
Las restricciones han generado un intenso debate. Mientras la administración asegura que las medidas buscan aliviar la saturación de los tribunales de inmigración, los críticos destacan que terminan exponiendo a miles de migrantes a riesgos extremos. Según expertos, esta política representa un desafío directo a las normas internacionales y los principios humanitarios que Estados Unidos ha defendido históricamente.
