Denuncian plan ilegal de Maduro para reforzar su ejército
Por: Ysabel Chópite
En un nuevo episodio que evidencia la deriva autoritaria del régimen venezolano, Nicolás Maduro y su principal aliado político, Diosdado Cabello, han puesto en marcha un plan tan polémico como peligroso: la liberación y reincorporación de expolicías y exmilitares que cumplen condenas por delitos comunes, con el objetivo de integrarlos nuevamente a las fuerzas policiales y militares del país.
De acuerdo con denuncias puestas en la mesa, esta medida busca no solo aumentar el control militar del Estado, sino también fortalecer la base de apoyo de la llamada “revolución bolivariana” mediante la creación de un ejército paralelo fiel al oficialismo.
Un plan contrario a la ley
La decisión viola abiertamente la Ley de Policía Nacional de 2009, que prohíbe expresamente que personas con antecedentes penales o condenas vigentes trabajen como agentes de seguridad.
Además, la normativa exige la comprobación de “buen carácter moral” y la ausencia de registros judiciales, condiciones imposibles de cumplir para quienes han estado tras las rejas por delitos comunes.
No obstante, el régimen ha optado por ignorar estas restricciones legales, amparándose en supuestas medidas de “conmutación de penas” que no tienen sustento jurídico sólido.
El resultado: individuos condenados por delitos, ahora con uniforme y armamento, circulando por las calles en funciones de seguridad.
Incentivos económicos y lealtad política
Según las denuncias, los exconvictos reincorporados a estas fuerzas recibirán sueldos que pueden superar los 350 dólares mensuales, incluyendo bonos, una cifra que sobrepasa ampliamente el ingreso promedio de un trabajador venezolano.
Este atractivo económico, combinado con la promesa de impunidad y el respaldo político, convierte a estos nuevos efectivos en piezas clave para un aparato de seguridad orientado más a proteger al régimen que a los ciudadanos.
Militarización y control social
La medida profundiza la militarización de Venezuela, un país que ya cuenta con un historial de represión, vigilancia y uso de las fuerzas de seguridad para sofocar protestas y disidencia política.
Organizaciones de derechos humanos alertan que esta incorporación masiva de exreos con formación militar o policial podría traducirse en un incremento de abusos, corrupción y violaciones de derechos, dado que el perfil de los nuevos agentes carece de garantías mínimas de ética y profesionalismo.
Analistas advierten que Maduro y Cabello estarían consolidando un ejército paralelo a las fuerzas regulares, compuesto por individuos cuya lealtad se compra con beneficios económicos y protección judicial.
Este cuerpo irregular tendría como misión no solo garantizar la seguridad del régimen, sino también intimidar a opositores, disuadir manifestaciones y reforzar el control territorial en zonas estratégicas.
Riesgo para la seguridad ciudadana
Lejos de mejorar la seguridad, esta medida podría aumentar la criminalidad y la inseguridad en las comunidades.
La reincorporación de personas con historial delictivo a roles armados y de autoridad es una fórmula que, según expertos en criminología, puede derivar en redes de extorsión, contrabando y corrupción con protección oficial.
Riesgo para la seguridad ciudadana
Lejos de mejorar la seguridad, esta medida podría aumentar la criminalidad y la inseguridad en las comunidades.
La reincorporación de personas con historial delictivo a roles armados y de autoridad es una fórmula que, según expertos en criminología, puede derivar en redes de extorsión, contrabando y corrupción con protección oficial.
Un llamado a la denuncia
Defensores de derechos humanos instan a los ciudadanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a mantenerse vigilantes y documentar cualquier abuso o irregularidad que surja de esta medida.
Asimismo, llaman a la diáspora venezolana a difundir la información para aumentar la presión internacional.
Lejos de ser una estrategia de seguridad legítima, la liberación y reincorporación de exreos a las fuerzas armadas y policiales se perfila como una maniobra política peligrosa, destinada a blindar al régimen de Maduro frente a posibles escenarios de crisis o descontento popular.
En un país sumido en una profunda emergencia humanitaria, la prioridad debería ser reconstruir instituciones transparentes y profesionales, no militarizar aún más la vida civil con personal carente de credenciales éticas y legales.
La comunidad internacional, la sociedad civil y la oposición tienen ahora el reto de enfrentar y denunciar esta nueva amenaza, antes de que se traduzca en un incremento irreversible de la violencia, la represión y la impunidad en Venezuela.
