DeWine cuestiona vigencia moral y legal de la pena de muerte
- Estadísticas oficiales en Ohio demuestran que la pena capital ya no es un elemento disuasorio.
- Datos revelan un retraso promedio de 21 años en ejecuciones de Ohio; el gobernador cuestiona su eficacia.
- Solamente el 16% de las condenas a muerte en Ohio se han ejecutado desde 1981.
COLUMBUS, Ohio — En una profunda revisión de la política criminal del estado, el gobernador Mike DeWine ofreció una declaración oficial para analizar la efectividad real de la pena capital en el sistema de justicia contemporáneo.
Basándose en su experiencia de cinco décadas en el servicio público, el mandatario estatal expuso que la aplicación de esta medida carece actualmente de los dos factores fundamentales para ser un castigo efectivo: rapidez y certeza jurídica.
El jefe del ejecutivo estatal detalló que, desde la reinstauración de esta sanción jurídica en 1981, un total de 337 personas han recibido sentencias de este tipo, pero únicamente 56 de ellas han sido ejecutadas.
Reportes estadísticos revelan que el tiempo de espera promedio entre el dictamen de un juez y el cumplimiento de la condena alcanza los 21 años, una ventana temporal excesiva provocada por complejos procesos de apelación y errores legales que terminan por revertir las sentencias en las cortes.
DeWine, quien en los inicios de su carrera legislativa apoyó la reactivación de estas condenas y posteriormente defendió la legislación local ante los tribunales como procurador general, argumentó que la justificación moral de este castigo radicaba en su capacidad de disuadir la comisión de delitos graves.
No obstante, ante la evidencia de que las ejecuciones tardan décadas en materializarse –o nunca se ejecutan debido a fallecimientos, causas naturales o fallos de los tribunales– la amenaza del castigo ha perdido su efectividad de contención.
El análisis de la administración estatal coincidió en que estos prolongados lapsos procesales no constituyen un fenómeno exclusivo de la entidad, sino que reflejan una tendencia arraigada en el aparato de justicia de todo el país.
Asimismo, la gestión estatal enfatizó que la preservación del orden institucional y el fortalecimiento de la seguridad pública deben cimentarse en mecanismos punitivos que operen con absoluta certidumbre.
El personal de las agencias de procuración de justicia y las fuerzas de seguridad pública continuarán enfocando sus esfuerzos en optimizar el resguardo de las comunidades y la atención a las víctimas mediante procesos penales que ofrezcan resoluciones efectivas y oportunas para la ciudadanía.
DeWine cuestiona vigencia moral y legal de la pena de muerte fue publicado originalmente en telemundocolumbus.com
